Explica muy bien Criticus la posición a favor de la decisión del gobierno de no cubrir las demandas de ayuda de los afectados.
Mi punto de partida también es el de él, pero me gustaría dar la visión crítica (nos hemos cambiado los papeles hoy tú y yo).
En un país desarrollado, caracterizado, como la mayoría de países europeos, por un montón de leyes que lo controlan todo, con modelos de Hacienda Pública que -sin ánimo negativo- se caracterizan por tener grandes estructuras y mucha burocracia, resulta que hay dos sociedades que llevan años operando con enormes cantidades de dinero sin que esto haya llamado, hasta hace relativamente poco, lo suficiente la atención como para evaluar el riesgo.
No deja de ser llamativo que mientras se piensa en generar un impuesto sobre los sms y los correos electrónicos, no se controlen los inmensos “agujeros” que generan estas sociedades.
Y ahora dice Conthe, presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que el error está en una ley que permite recomprar esos activos por parte de la misma sociedad que los posee. La sola posibilidad suena a fraude y cualquier auditor sabe que va en contra de la mitad de los criterios básicos. Si esto es cierto, y lo dice alguien muy autorizado, como bien señala Criticus habría una responsabilidad subsidiaria del estado.
En todo caso, la hay moral, puesto que se ha permitido crecer a un chiringuito como ese. Y la gente de la calle tiene que sentirse amparada y protegida, no necesariamente tienen que saber diferenciar entre Fórum y Gescartera.
Puede que la solución pase por un punto medio: cubrir unos mínimos, evitando que algunas personas lo pierdan todo.
